Los estudiantes de las fiestas del Galileo y el colegio mayor se enfrentan a multas de hasta 30.000 euros

Así lo ha anunciado la consellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo, en rueda de prensa junto a la jefa de la unidad adscrita de Policía Nacional a la Comunitat Valenciana, Marisol Conde, para presentar las primeras conclusiones del informe policial sobre estas fiestas ilegales.

La Policía tiene identificados a 40 participantes de las dos fiestas en las habitaciones, 22 en una y seis en otra, mientras sigue el reconocimiento de los alumnos que estuvieron por la tarde en la celebración en la azotea, donde calcula que pudo haber unas 50 personas. Como consecuencia, se registró un foco de coronavirus con 131 positivos relacionados.

Estos casos fueron notificados por la Conselleria de Sanidad el 5 de octubre y provocaron el cierre del campus de Vera de la UPV durante dos semanas, hasta este pasado lunes, y otros grupos de alumnos de otras universidades como la UV y la CEU UCH, así como el confinamiento del Galileo. Tras la fiesta ibicenca de la tarde, en la madrugada del domingo 27 se produjeron otras dos en habitaciones, estas últimas con sus participantes identificados.

De momento, aunque la investigación sigue abierta, estos 28 estudiantes se enfrentan a pagar hasta 30.000 euros que recoge el decreto sancionador de la Generalitat por incumplimiento de las medidas para frenar la propagación del virus. Se tendrán en cuenta "todas las circunstancias" al determinar la responsabilidad de cada parte, sin una imposición automática de las multas, y dentro del plazo de seis meses que existe para resolver.

También están propuestos para la misma sanción tanto la dirección del Galileo como los trabajadores que no cumplieron con su deber esa noche y los miembros del consejo escolar que convocaron la fiesta en redes. La normativa contempla la posibilidad de suspensión de la actividad por incumplimiento, aunque la consellera de Justicia ha remarcado que "no hay ningún indicio de infracción penal" y que no está sobre la mesa una clausura temporal del centro.

La investigación, a petición de la Conselleria de Universidades, arrancó el 6 de octubre y concluyó el 16, diez días en los que los policías han estudiado las grabaciones de seguridad y han tomado declaración a estudiantes, trabajadores y directivos del colegio.

Según el informe policial, la recepción tuvo aviso de la fiesta en la azotea a las ocho de la tarde del sábado 26, con gente bebiendo y bailando sin guardar distancias ni llevar mascarilla. Una hora después, un empleado de la recepción disolvió la aglomeración.

Esa misma noche, sobre la una de la madrugada tuvo lugar otra fiesta en una de las habitaciones del Galileo, con hasta 22 personas concentradas "sin ningún tipo de medida de seguridad". Una vez disuelta, a las 3 o 4 de la mañana hubo una tercera fiesta en otra habitación. En los dos casos se personó la Policía Nacional a instancias de la recepción, tras recibir el aviso de residentes al oír la música.

El informe concluye "de manera categórica" que estos hechos suponen una vulneración grave de la normativa anti-Covid, así como que queda clara la responsabilidad del Galileo y de sus directivos "por su falta de diligencia al permitir por inactividad o pasividad la celebración de fiestas" y por su "total desconocimiento" de la concentración que originó el brote.

"No se estableció ningún tipo de control", ha recalcado la titular de Justicia, a pesar de que algunos testimonios apuntan a que se celebraron otras fiestas similares en días anteriores. Por todo ello, "queda acreditada la falta de rigor" por parte de la empresa.

En la misma línea, el informe constata que es "innegable" la responsabilidad de los miembros del consejo colegial del Galileo como organizadores de la fiesta ibicenca, ya que la anunciaron en redes sociales aunque algunos aseguraron que la desconvocaron el mismo día. Especialmente queda probada la responsabilidad del usuario de la habitación donde se congregaron 22 personas.

A partir de ahí, la Policía trabaja para seguir identificando a los universitarios de la fiesta en la azotea, aunque la consellera de Justicia ha remarcado que es más complicado porque en este caso no se personaron los agentes y "hay un interés especial en no facilitar los nombres de las personas que fueron".

Sobre posibles acciones por parte de la Politécnica, la consellera ha remarcado que entra dentro de sus competencias iniciar algún tipo de proceso por daños a la imagen de la universidad y perjuicios a la enseñanza.

La Generalitat hace un llamamiento a la responsabilidad para evitar fiestas como esta que dejaron sin clase a 25.000 personas durante dos semanas. "No hay que mirar a otro lado, el sacrificio del ocio nocturno no sirve de nada por este comportamiento insolidario y responsable", ha recalcado la consellera.

De cara al futuro, la unidad adscrita de Policía va a seguir trabajando e intensificando los controles contra las fiestas ilegales, primero para que no se produzcan y después para que tengan la correspondiente sanción.